La iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum está a punto de cuajar. Después de dos meses y medio de foros de consulta, la comisión presidencial, encabezada por Pablo Gómez, está por concluir la propuesta que entregará a Sheinbaum a mediados de enero.
“La reforma electoral será el platillo fuerte de 2026“, anticipó en la semana la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, aunque lo más seguro es que la iniciativa presidencial sea enviada a Diputados como cámara de origen, donde corresponderá a Ricardo Monreal encausar su aprobación.
El tema ha vuelto a cobrar fuerza a finales del año, por los comentarios de los legisladores y de la propia presidenta, que no quita el dedo del renglón: busca un sistema electoral más barato, partidos políticos y Cámaras del Congreso que no representen una carga excesiva para el erario, un sistema de representación popular más efectivo y una democracia participativa.
Así lo establece su documento de cien compromisos, con el que tomó protesta el 1 de octubre de 2024. A ello se suma un sistema de rendición de cuentas y extinción de privilegios, que incluye reformas ya aprobadas, como la que prohíbe el nepotismo y la reelección de legisladores y alcaldes a partir de 2030, además de otras que podrían integrarse a su iniciativa.
La comisión presidencial ha puesto la mira en los 200 diputados plurinominales, los 32 senadores de Lista Nacional, los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), los tribunales electorales estatales, el Instituto Nacional Electoral (INE) —donde se prevé reducir estructuras y compactar áreas técnicas— y las prerrogativas de los partidos políticos.
Todo ello con el objetivo de abatir costos y evitar duplicidades, en un contexto donde el Presupuesto de Egresos resulta insuficiente para cubrir las prioridades de la cuarta transformación, como los programas del Bienestar y las obras públicas emblemáticas, particularmente la red ferroviaria impulsada por Sheinbaum y los proyectos inconclusos heredados por Andrés Manuel López Obrador.
En la elaboración de la iniciativa pesan las cifras del gasto electoral para 2026. Tan solo en prerrogativas de partidos políticos se destinarán 7 mil 737 millones de pesos a nivel nacional, además de 7 mil millones de pesos para partidos locales. El INE ejercerá 14 mil 99 millones de pesos; el Tribunal Electoral, 3 mil 749 millones de pesos; los 32 OPLE, entre 15 mil y 20 mil millones de pesos anuales; y los tribunales electorales estatales, alrededor de 2 mil 400 millones de pesos. En conjunto, una cifra cercana a los 55 mil millones de pesos.
A esto se suma el presupuesto del Senado de la República, con 128 integrantes, que ascenderá a 5 mil 103 millones de pesos, y el de la Cámara de Diputados, que con 500 legisladores costará 9 mil 602 millones de pesos. En total, 17 mil 529 millones de pesos destinados a financiar la política.
En un contexto de austeridad, la reforma político-electoral de la presidenta Sheinbaum tiene un fuerte componente económico, aunque no exclusivamente.
Los ahorros en el sistema electoral mexicano, construido desde 1990, tendrán repercusiones políticas. Una reducción de las prerrogativas impactaría directamente en la competitividad de los partidos de oposición, particularmente PAN y PRI, que durante dos décadas fueron los principales beneficiarios del financiamiento público.
La eliminación de la Representación Proporcional tendría efectos en la pluralidad política del Congreso, una bandera impulsada históricamente por la izquierda, desde la reforma política de 1977.
La posible desaparición de los OPLE, como han advertido la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y autoridades electorales locales, podría colapsar el sistema, especialmente rumbo a 2027, cuando habrá elecciones federales y locales concurrentes, una elección judicial y posiblemente la Revocación de Mandato de la presidenta.
Estos y otros temas fueron debatidos por más de 5 mil participantes en más de 60 audiencias públicas realizadas entre septiembre y diciembre. La Comisión Presidencial de Reforma Electoral cuenta con más de 300 propuestas, además de las que enviará el INE, previstas para el 12 de enero.
La propuesta estará lista a mediados de enero y la presidenta Claudia Sheinbaum enviará la iniciativa el 1 de febrero, al inicio del segundo periodo ordinario del Congreso. Morena y sus aliados tendrán la última palabra, al contar con mayoría calificada, incluso sin el respaldo de la oposición.
No obstante, en la recta final pesará la postura del PVEM y el PT, cuyos votos son indispensables. Ambos partidos han expresado su rechazo a la reducción de prerrogativas y a la eliminación de plurinominales, lo que podría moderar el alcance de la reforma.
La moneda está en el aire.
