Tucson responde a temores migratorios con propuesta para limitar operaciones de ICE

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TUCSON, ARIZONA. — El Concejo Municipal de Tucson analiza un borrador de ordenanza que busca limitar el uso de propiedades públicas de la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una propuesta que ha generado reacciones encontradas y que surge, según autoridades locales, como respuesta directa a las preocupaciones de residentes sobre derechos civiles y seguridad comunitaria.

La iniciativa es impulsada por la vicealcaldesa de Tucson y concejal del Distrito 1, Lane Santa Cruz, quien explicó que la propuesta nace tras numerosas llamadas y mensajes de vecinos que cuestionan el papel de la ciudad frente a operativos federales de inmigración.

“Los vecinos nos han estado preguntando qué puede hacer la ciudad para proteger a nuestras comunidades”, señaló Santa Cruz. “ICE supuestamente iba tras criminales, pero lo que estamos viendo es que están persiguiendo a personas con estatus legal o en procesos migratorios”.

¿Qué plantea la ordenanza?

El borrador de la ordenanza no prohíbe la aplicación de leyes federales, pero sí establece restricciones claras sobre el uso de espacios públicos municipales como estacionamientos, parques e instalaciones de la ciudad para la preparación, coordinación o procesamiento de operativos migratorios.

De acuerdo con Santa Cruz, ICE solo podría utilizar propiedades municipales con autorización expresa de la alcaldesa y del Concejo Municipal.

“Nosotros solo podemos regular lo que está dentro de nuestra jurisdicción: las propiedades que pertenecen a la ciudad”, explicó. “Es una forma de responder a la comunidad y fortalecer la confianza y la seguridad”.

Ciudades como Chicago y Minneapolis han aprobado medidas similares, lo que sirvió como referencia para Tucson.

Derechos civiles y rendición de cuentas

Uno de los ejes centrales de la propuesta es evitar prácticas de perfil racial o discriminación, un tema especialmente sensible en Arizona tras antecedentes como los ocurridos en el condado Maricopa.

Santa Cruz subrayó que el Departamento de Policía de Tucson no colabora en la aplicación de leyes federales de inmigración, aunque tampoco puede impedirlas. Recalcó que los oficiales municipales siempre están identificados, no cubren su rostro y portan información visible, lo que permite diferenciarlos de agentes federales.

Además, recordó que desde el ámbito estatal se discuten iniciativas para prohibir que agentes del orden oculten su identidad, y que la fiscal general de Arizona ha llamado a documentar posibles violaciones a derechos civiles, incluso mediante teléfonos celulares, para fortalecer acciones legales en curso.

Posibles conflictos con el Estado y el gobierno federal

Santa Cruz reconoció que la medida podría generar tensiones con autoridades estatales, pero sostuvo que no sería un escenario nuevo.

“El estado constantemente intenta quitar control a las ciudades”, dijo, en referencia a leyes como la SB 1070. “Nuestros policías ya tienen demasiado trabajo y no les corresponde aplicar leyes federales de inmigración”.

La funcionaria fue crítica con las políticas migratorias federales, al asegurar que se busca generar miedo y mostrar fuerza, incluso contra personas con estatus legal.

Santa Cruz envió un mensaje tanto a quienes viven en Tucson como a quienes la visitan, incluidos viajeros de Sonora y otras partes del país.

“Tucson es una ciudad que da la bienvenida a personas de todas partes del mundo, de cualquier raza o religión”, afirmó. “Estamos aquí para defender los derechos humanos de todos, sin importar su estatus migratorio”.

La propuesta continuará su discusión en el Concejo Municipal, en un contexto donde la política migratoria sigue teniendo un impacto directo en la economía local, el turismo y la percepción de seguridad en la región fronteriza.

“Alientan obstrucción de una operación legítima”, responden republicanos de Arizona

Legisladores estatales republicanos criticaron las acciones de líderes municipales de Tucson, incluida la alcaldesa Regina Romero, por lo que consideran una política que podría obstaculizar la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la región.

El congresista Andy Biggs, en declaraciones públicas en redes sociales y medios, acusó recientemente a la alcaldesa de “alentar la obstrucción de una operación legítima de policía federal” al alertar a residentes sobre la presencia de agentes de ICE durante operativos de cumplimiento en Tucson.

Biggs cuestionó si tales acciones favorecen a personas que “están ilegalmente en el país” por encima de la seguridad de ciudadanos estadounidenses y señaló que este tipo de retórica puede socavar la aplicación de la ley federal en Arizona.

Además, miembros del Partido Republicano en la Legislatura estatal han promovido medidas como el Arizona ICE Act (SB 1164), diseñadas para incrementar la coordinación entre agencias locales y ICE y prohibir que jurisdicciones estatales o locales restrinjan dicha cooperación.

El presidente del Senado de Arizona, Warren Petersen, defendió la iniciativa señalando que “terminar con la crisis en la frontera requiere un enfoque de colaboración total” y que las agencias locales deben “usar sus mejores esfuerzos para apoyar a las autoridades federales de inmigración”

Cifras de ICE, sin detalle por estatus migratorio

Pese a que las cifras de agencias federales no desglosan las detenciones publicadas por estatus migratorio, en Arizona, los arrestos realizados por ICE aumentaron de manera notable en 2025 con respecto al año anterior, en parte por un cambio de política federal que amplió las prioridades de detención e incrementó las operaciones en todo el país.

De acuerdo con el análisis de datos del Deportation Data Project, ICE realizó aproximadamente 3 764 arrestos en Arizona durante la primera mitad de 2025, lo cual representa un incremento del 72 % frente al mismo período de 2024.

Operativos locales en Tucson durante 2025:

El 10 de diciembre de 2025, ICE anunció un operativo en Tucson, durante el cual se arrestaron 46 personas consideradas “alienígenas ilegales” en una acción destinada a desarticular una red criminal transnacional.

Importante limitación de datos:

  • Ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional publican estadísticas oficiales que indiquen cuántas de esas personas arrestadas o detenidas tenían estatus legal (por ejemplo, residentes permanentes, portadores de visa) versus aquellos sin estatus legal.
  • Los datos disponibles se reportan por arrestos totales, o por características como si la persona tenía antecedentes criminales, pero no por estatus migratorio legal o ciudadano vs. no legal en informes oficiales accesibles al público.

“Video muestra detención de venezolanos en Tucson; Alma Hernández acusa a ICE de sembrar terror”

Durante esta semana en Tucson, un operativo de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) resultó en la detención de miembros de una familia venezolana legalmente residentes y en proceso de asilo. El hecho, ocurrido el 23 de enero de 2026, se registró en frente de una escuela primaria en South Tucson cuando agentes federales detuvieron a tres de los cuatro miembros de la familia mientras se dirigían a una cita médica.

Según la legisladora estatal Alma Hernández, la familia tenía documentación válida y estaba legalmente en proceso de asilo, con el cónyuge ya reconocido como asilado, pero aun así ICE procedió con la detención.

El operativo generó temor en la comunidad, especialmente por ubicarse frente a una escuela y en un vecindario residencial, lo que, según Hernández, demuestra un enfoque agresivo y carente de transparencia.

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